Resumen: La Sala condena por un delito de homicidio por imprudencia grave y un delito de lesiones por imprudencia grave en concurso ideal con un delito contra la seguridad vial. Condena también por un delito de abandono del lugar del accidente. Se aprecia la circunstancia atenuante de confesión del hecho. En este caso, el acusado atropelló a dos personas, la madre y su bebé y huyó del lugar, cometiendo el delito de abandono del lugar del accidente que no exige, como elemento del tipo, que la persona atropellada se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, como ocurre con el delito de omisión del deber de socorro. El bien jurídico protegido es la solidaridad humana, la maldad intrínseca de quien, causando un accidente se marcha del lugar. En realidad, más exactamente, puede decirse que se castiga su indiferencia frente a la situación creada, incumpliendo los deberes que el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y seguridad vial, impone, entre otros, a los implicados en un accidente de tráfico.
Resumen: AGRESIÓN SEXUAL: uno de los acusados penetró por vía vaginal a la mujer mientras el otro se masturbaba y eyaculando finalmente sobre su cara, pese a su insistente negativas. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: derecho constitucional que cede ente la práctica de prueba de cargo formal y materialmente válida. La declaración de la víctima goza de esta condición, analizada con arreglo a los criterios orientativos que establece la jurisprudencia para otorgarle credibilidad y en el marco general del conjunto de la prueba practicada. NORMA APLICABLE; las dos acciones se sancionan conforme a lo regulado en la LO 1/2022, más favorable al reo. CONTENIDO DEL DELITO: la penetración en contra de la voluntad expresamente manifestada por la mujer constituye una violación. Y la acción lúbrica proyectada sobre el cuerpo de otra persona, sin violencia ni intimidación, abuso. REPARACIÓN DEL DAÑO: responde a una finalidad de resarcimiento a la víctima, lo que no se da en la fianza carcelaria.. DILACIONES INDEBIDAS: concurre debido a un retraso del órgano judicial no atribuible a los acusados. PENA: se impone por encima del mínimo legal dada la brusquedad del ataque y las reiteradas negativas de la víctima. RESPONSABILIDAD CIVIL: el daño moral deriva naturalmente de la naturaleza del delito.
Resumen: Tanto la primera como la segunda prueba de alcoholemia son necesarias y obligatorias; y la segunda medición podría ser considerada una garantía del afectado pero también del sistema al objeto de disipar cualquier duda sobre el resultado, resultando afectado el principio de autoridad cuando se produce la negativa a completar las mismas. La negativa a la práctica de la segunda prueba de medición de alcoholemia debe ser calificada como constitutiva de un delito. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas se ha traducido en una atenuante, de manera que para reconocer efectos a la eventual vulneración de aquel derecho es preciso que se trate de una dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento y que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa. La tramitación de una causa penal no consiste en la sucesión ininterrumpida de trámites procesales yuxtapuestos de manera que cada uno venga seguido de forma inmediata por el siguiente, sino que, en función de la complejidad de los hechos investigados, un desarrollo correcto de la tramitación requiere de la dedicación de tiempo de reflexión y estudio antes de la toma de decisiones, así como de las gestiones necesarias para hacerlas efectivas.
Resumen: Actuación de los agentes encubiertos: la omisión de la incorporación del contenido completo de las conversaciones obtenidas por los agentes encubiertos en sus comunicaciones con los investigados queda subsanada a efectos probatorios por la información emitida por el instructor. Inexistencia de un delito provocado: No debe confundirse la investigación del agente encubierto con tomar la iniciativa el autor de una intención delictiva preexistente. Denegación de prueba anticipada: inexistencia del derecho del encausado a conocer y desvelar el contenido y alcance de las colaboraciones policiales internacionales. Cadena de custodia mantenida. Legalidad de las entradas y registros domiciliarios. Participación en el delito contra la salud pública. Integración en organización criminal. Inaplicación de la tentativa inidónea. Notoria importancia de la cantidad de droga intervenida. Delito de tenencia ilícita de armas. Atenuante de drogadicción inapreciable. Decomiso de los efectos intervenidos.
Resumen: Confirma la condena por el delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, en un supuesto en el que practicada la prueba de alcoholemia arrojó un resultado superior al establecido en el art. 379.2 CP. La Sala aclara que la aplicación del tipo establecido en este precepto no requiere probar la afectación por la ingesta etílica en la conducción. En concreto, la sentencia recuerda que con este nuevo tipo se viene a establecer una presunción "iuris et de iure", de manera que únicamente deberá acreditarse por parte de la acusación que el sujeto conducía con una tasa de alcohol superior a 0,60 mg./l. para estimar consumada la infracción penal. La tradicional comprobación de conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, solo será necesario para tasas inferiores. Así las cosas, la tasa de alcoholemia deja de ser un dato probatorio para convertirse en el elemento del tipo y ya no es necesario acreditar ni los signos de la embriaguez, ni la conducción irregular, ni ningún otro dato relacionado con la influencia alcohólica, lo que es acorde con el hecho de que en el Preámbulo de la LO 15/2007 se señale que la reforma sobre los delitos contra la seguridad vial tiene como contenido básico incrementar el control sobre el riesgo tolerable por la vía de la expresa previsión de niveles de ingesta alcohólica que se han de alcohólica que se han de tener como peligrosos. La sentencia también incluye referencias a la eficacia del principio de intervención mínima.
Resumen: La antijuridicidad del delito del artículo 384.2 del Código Penal descansa en la ausencia absoluta de constatación administrativa de habilidad para la conducción y la plasmación que eso tiene para la introducción de un riesgo abstracto en la seguridad del tráfico. Conducir un vehículo a motor con una licencia de conducción no homologada en España o caducada constituye una infracción administrativa grave, pero no un delito contra la seguridad vial del art. 384.2 del CP. En el delito del último inciso del artículo 384 del Código Penal (conducir sin haber obtenido nunca el permiso o licencia), la expresión legal exige que pueda afirmarse con taxatividad que el autor jamás haya obtenido el permiso de conducir, sin que se distinga en el tipo penal si el permiso o licencia se ha obtenido dentro o fuera del territorio nacional. La mera realización del curso de recuperación es insuficiente para la habilitación de conducir. Para los supuestos de pérdida total de puntos, no solo es necesario realizar y superar un curso de sensibilización y reeducación vial, sino que junto con ello se debe solicitar en la Jefatura de Tráfico realizar la prueba teórica, necesaria para obtener nuevo permiso.
Resumen: Se alega un error invencible, pues el acusado no era consciente de que se hubiera acordado por la autoridad administrativa competente la pérdida de vigencia de su permiso de conducir. Resulta que por la fuerza policial instructora se consigna que habiendo resultado infructuoso notificar al apelante la resolución administrativa que ordenaba tal pérdida de vigencia se procedió a publicar Edicto en el BOE, si bien añadían que en fecha de 30 de Septiembre de 2020 fue denunciado por la Guardia Civil por el motivo de conducir un vehículo sin permiso o licencia, siendo informado de que se había acordado la pérdida de vigencia de su permiso de conducir. Sin embargo, el Ministerio Fiscal no solicitó que fuera ratificado ello por los Guardias Civiles que lo habrían suscrito, por lo que tal ratificación no se produjo en el plenario. Atendida tal circunstancia resulta que el dato de que el acusado era consciente, cuando fue parado por los Agentes de la Policía Local, de que se había acordado la pérdida de vigencia de su permiso de conducir, no puede tenerse por probado atendiendo a la declaración de dichos Agentes, sino que, considerándose insuficiente la publicación edictal, para ello ha de atenderse a una prueba documental que no ha sido ratificada en el juicio, en la que se consignaba haber sido parado el 30/09/2020 por la Guardia Civil, por lo que no puede servir, a juicio del Tribunal ad quem, para tener por demostrado el hecho imputado, lo que obliga a estimar el recurso.
Resumen: Se apela la condena por un delito contra la seguridad vial (art. 379.2 CP), que se basa: 1. Vulneración de Derechos Fundamentales, al sostenerse que el traslado del acusado a dependencias policiales para la prueba de alcoholemia fue una retención no voluntaria y sin cobertura legal. 2. Error en la Apreciación de la Prueba, mencionándose la desinformación al acusado sobre las pruebas de aire espirado y el valor meramente indiciario de los síntomas observados. 3. Infracción de Ley por Indebida Aplicación del Artículo 379.2 CP, pues no se acreditó que el etilómetro utilizado estuviera en las condiciones óptimas de uso y mantenimiento para garantizar su fiabilidad, a pesar de haber pasado la última revisión. Se desestima el recurso, pues la valoración de la prueba es facultad exclusiva del Tribunal de instancia. En cuanto a la alegación de vulneración de derechos fundamentales, la Audiencia subraya que el acusado, profesor de autoescuela, conocía la normativa y su traslado a dependencias policiales fue voluntario. Respecto al error en la apreciación de la prueba, la Audiencia confirma que existían pruebas suficientes para la condena, incluyendo el acta de sintomatología, los resultados del etilómetro y del análisis de sangre, ratificados por los agentes. Los síntomas de embriaguez del acusado fueron evidentes. La alegación sobre el mal funcionamiento del etilómetro se considera una conjetura frente a las garantías de homologación y calibrado.
Resumen: Atenuante de drogadicción: no se ha probado que este consumo hubiese afectado a las facultades volitivas e intelectivas del actor, como se manifestó en la prueba pericial practicada en el plenario.
Resumen: Incautación de cocaína en el interior de un velero abordado en alta mar. Jurisdicción y competencia de las autoridades francesas para proceder a la interceptación de la embarcación: cumplimiento de las normas internacionales para el abordaje de embarcaciones. Cadena de custodia no rota de la sustancia estupefaciente intervenida . Cumplimiento de los plazos para acordar la prisión provisional. Innecesaria presencia del Letrado de la Administración de Justicia en el momento de elaborar el informe técnico policial relativo al análisis de los teléfonos, tabletas, GPS y otros dispositivos electrónicos de almacenamiento de la información. Delito contra la salud pública referido a sustancias que causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia y de extrema gravedad. No existe prueba suficiente respecto del delito de pertenencia a organización criminal. Inaplicación de atenuante por drogadicción.
